Mil días buscando la elegibilidad

Mil días buscando la elegibilidad

Por: Margarita Restrepo
Muchos defensores del proceso de paz con las Farc, respaldan su posición alegando que “es mejor que la guerrilla eche lengua a que eche bala”, lo cual no es más que un sofisma con el que se manipula a la opinión pública.
Termino esta serie de cuatro columnas sobre los mil días del proceso de paz, refiriéndome, precisamente, a ese asunto: la elegibilidad de los miembros de la guerrilla, una vez finalice el proceso de paz.
En el Centro Democrático hemos manifestado que no hay mayor inconveniente con que aquellos integrantes de las Farc que no estén incursos en violaciones a los Derechos Humanos, una vez entreguen efectivamente las armas, reparen a sus víctimas, cuenten toda la verdad, puedan acceder a cargos de elección popular y ocupen cargos de libre nombramiento y remoción.
Pero esta concesión no puede serle extendida a quienes hayan cometido delitos que ofenden a la existencia humana. Flaco servicio se le estará prestando a nuestra asediada democracia si se abre la puerta para que aquellos que hayan ordenado el reclutamiento de niños, sean responsables de desplazamiento forzado de civiles, secuestro, masacres y demás crímenes considerados de lesa humanidad, se conviertan en personas habilitadas para ser elegidas o designadas en cargos públicos. Aquello se constituiría en una burla a nuestro sistema democrático.
¿Cómo hacerle entender a un ciudadano cuya familia resultó asesinada en una masacre que quien cometió ese crimen no solamente no pagará un minuto de cárcel, sino que además será, en virtud de una acuerdo de paz, su gobernante o será el congresista que hará las leyes que lo regirán? Eso, desde mi punto de vista, es una revictimización: quien le ha hecho daño a la sociedad quedará impune y habilitado para ocupar cargos de gobierno.
Sabemos que alcanzar la paz implica que paguemos un elevado precio, sabemos que tendremos que ofrendar una muy importante porción de justicia, pero no estamos dispuestos a poner nuestra democracia en la mesa del sacrificio. Colombia, país que lleva décadas sometido al desafío de la mafia y del terrorismo, ha sabido soportar los embates de los criminales sin ceder en sus valores democráticos. Por eso, resulta francamente inaceptable que, después de tanto sufrimiento, de tantos miembros de la Fuerza Pública martirizados, de cientos de miles de civiles víctimas de inenarrables vejaciones, a estas alturas el Gobierno entregue la democracia para agradar a los delincuentes.
Ese argumento de que es mejor tener a las Farc haciendo política y no asesinando, resulta ofensivo a la inteligencia del pueblo. Aquellos que han violado la ley deben asumir las consecuencias de sus actos. El delincuente común que decide tomar un arma para asesinar indiscriminadamente a sus connaturales sabe que el castigo, además de tener que pasar una larga temporada tras las rejas, incluye que jamás en su vida va a poder acceder a cargos de elección popular. Esas son las reglas de juego que nosotros, como sociedad hemos fijado y que ahora, de cara a un eventual acuerdo de paz con las Farc, no estamos dispuestos a cambiar única y exclusivamente porque el presidente Santos tiene compromisos adquiridos con sus interlocutores de La Habana.
Bien vale que, en aras de la paz, se busquen unas alternativas intermedias, pero nunca pensando en que debamos poner a la democracia de rodillas ante los rostros desafiantes de quienes llevan décadas siendo nuestros victimarios.

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