Mil días cocinando la impunidad

Mil días cocinando la impunidad

Por Margarita Restrepo
En esta segunda entrega sobre los mil días del proceso de paz, quiero referirme a la manera como se ha ido perfeccionando un acuerdo de impunidad con la guerrilla.
Recuerdo perfectamente que cuando empezaron los diálogos en La Habana, el presidente Santos nos aseguró que los responsables de crímenes atroces serían castigados. Así mismo, dijo que los jefes máximos de la guerrilla no irían a ocupar cargos de elección popular. Estos mil días nos han servido para confirmar que, una vez más, el doctor Santos nos mintió.
De acuerdo con el pacto suscrito sobre justicia con los jefes terroristas hace pocas semanas, queda claro que ellos recibirán castigos irrisorios y pagarán sus “penas” de manera privilegiada. Entiendo que la paz implica sacrificios en materia de justicia y por eso soy defensora a ultranza de la ley 975 de Justicia y Paz que se aprobó en el año 2005 porque logra un equilibrio que es justo y atractivo para que los ilegales dejen las armas y paguen sus deudas pendientes con la sociedad colombiana.
Lo interesante de la Ley de Justicia y Paz es, precisamente, que los responsables de crímenes atroces que se acojan a ella y confiesen todos los crímenes que cometieron, sean beneficiados con una pena accesoria que oscila entre los 5 y los 8 años de cárcel, que deben ser pagados en centros de reclusión convencionales. Por eso, los desmovilizados de las autodefensas y de la guerrilla que se sometieron a esa norma han sido privados de la libertad en centros penitenciarios como la cárcel de máxima seguridad de Itagüí, o La Picota en Bogotá.
Es un mal ejemplo para las futuras generaciones lo que Santos va a hacer con la guerrilla de las Farc. El mensaje resulta nefasto: vaya y delinca, cometa todos los crímenes que se le crucen por la mente que al final el Estado lo va a poner a pintar paredes o a limpiar aceras por un tiempo reducido y luego podrá irse tranquilo a continuar con su vida.
Para que la paz sea sostenible en el tiempo y en el espacio es necesario que los culpables reciban algún tipo de escarmiento. La sociedad debe ser generosa con quienes se han equivocado y, en aras de lograr la concordia, debe estar dispuesta a ceder. Pero, ¿hasta qué punto?
Igualmente, una paz sólida se construye sobre los cimientes de la verdad. Un proceso judicial como el que incorporó la Ley de Justicia y Paz es una muy buena aproximación a esa meta. Fue la primera vez en nuestra historia en que el Estado tuvo en cuenta el factor verdad como condición para llegar a un acuerdo negociado con grupos armados organizados al margen de la ley.
Tal y como van los acuerdos hasta ahora alcanzados entre Santos y los terroristas, los colombianos tendremos que resignarnos a ver a los responsables de los más atroces crímenes libres, sin que hubieran recibido un castigo real y, lo que es peor, sin estar obligados a contar toda la verdad de las acciones demenciales que cometieron mientras estuvieron atentando contra nuestra democracia.

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